Muchos países en el mundo sufren con los altos índices de criminalidad y violencia y con las dificultades de las instituciones públicas para lidiar con la situación. En América Latina, esta es la realidad de la mayoría de los países que hoy viven, en mayor o menor grado, procesos de re-estructuración de sus sistemas de seguridad y justicia. La violencia es la primera entre las causas de muerte en Brasil, Colombia, Venezuela, El Salvador y México.
La represión a la violencia es importante, pero es un abordaje puntual que no incide sobre los factores generadores de la inseguridad. Las instituciones policiales no pueden, solas, encargarse de la seguridad pública.
El fenómeno de la violencia y de la criminalidad es extremamente complexo y dinámico, exigiendo un abordaje integrado, multisectorial, que involucre a toda la sociedad en la búsqueda de soluciones efectivas y sustentables. Intervenciones que accionen apenas las instituciones policiales o de justicia criminal, desarticuladas, no ofrecen resultados durables, principalmente porque el campo de acción de estas instancias sobre las posibles causas del fenómeno es limitado.
Los efectos cotidianos de la violencia y de la criminalidad son sentidos, en primer lugar, por la comunidad y sus miembros, sea bajo la forma de eventos concretos, sea a través de la “sensación de inseguridad”. Para una actuación preventiva, es necesario escuchar a los actores locales. La participación comunitaria es fundamental para la consolidación de una verdadera política pública.
Actuar preventivamente sobre factores como la degradación ambiental, el desempleo, problemas de saneamiento, iluminación pública y falta de opciones de recreación, la llamada “prevención primaria”, puede traer beneficios efectivos para la Seguridad Pública.
